La economía de mercado, la que tenemos, funciona a través de la oferta y la demanda. Las empresas ofrecen unos productos y servicios que los consumidores compran. Los precios suben cuando la demanda es mayor que la oferta y las empresas suben los precios para adaptarse a esa demanda más alta.
Siendo así, hay dos tipos de inflación, la provocada por una subida de demanda o por una bajada de oferta. Actualmente existe el debate de hasta qué punto la inflación que se está produciendo es de oferta o de demanda.
Se habla de un shock de oferta, o caída de la oferta de productos en la economía, porque muchas empresas a nivel mundial durante la pandemia bajaron su actividad, y luego les costó volver a su ritmo habitual una vez que la pandemia pasó.
También habría shock de oferta porque la energía (electricidad, gasolina, etc.) que se ofrece en el mercado disminuyó debido a la menor inversión durante años en energía fósil (p.ej. petróleo y gas natural). Ambas cosas hacen que al disminuir la oferta suban los precios.
Pero también hay razones para pensar que la inflación actual se debe a un incremento de la demanda.
Durante la pandemia los gobiernos de todo el mundo inyectaron dinero en la economía para que la demanda no cayera, a través de la política fiscal. Por ejemplo, en España, los ERTEs han sido financiados por el gobierno, ya que ni las empresas, ni los trabajadores asumían el coste de la parada de actividad. Esta inyección de dinero del gobierno no sale gratis, ya que genera deuda que finalmente hay que pagar.
Además, los bancos centrales, desde la crisis del 2008, han tenido una política monetaria expansiva que, se argumenta, puede hacer crecer la demanda y por tanto hacer crecer la inflación.
Esta mezcla de factores han sido los que han hecho subir los precios, independientemente de que la subida sea debida más a una bajada de la oferta o a una subida de demanda.
Los bancos centrales están llevando en la actualidad una política de subida de tipos de interés, que hace que la demanda baje, ya que, por ejemplo, hace que el consumo a crédito se haga más caro, y que debería hacer que la inflación bajara.
Actualmente hay una polémica sobre si los empresarios son los culpables de que los precios suban, argumentando algunos partidos políticos que se deberían poner tope a los precios de los productos básicos para que esto no ocurra.
Sin duda habrá empresarios que suban sus márgenes aprovechando la coyuntura, pero en aquellos mercados donde la competencia funcione correctamente, los empresarios sólo podrán subir los precios lo que sus costes y la demanda de los consumidores les permitan, pues si no habrá otras empresas que con precios más bajos se hagan con el mercado.
Además de subiendo los tipos de interés, también se habla de un “pacto de rentas” para luchar contra la inflación. Esto consiste en evitar el contagio en la subida de precios. Una de las maneras es contener la subida salarial. Si suben los sueldos, se incrementa la demanda y la diferencia entre la demanda y la oferta aumenta. Claro que no subir los sueldos hace que el poder adquisitivo de los trabajadores disminuya.
Hay medidas de los gobiernos, que en apariencia ayudan a luchar contra la inflación, pero que pueden tener efectos contraproducentes. Por ejemplo, poner tope a los precios puede hacer que los empresarios quiebren, lo que hace que la oferta disminuya y puede llevar a la hiperinflación. Medidas fiscales, como la subvención por parte del gobierno de ciertos productos, puede incrementar la demanda, además de aumentar el déficit público.
La lucha contra la inflación es prioritaria para los bancos centrales y debe ser para los gobiernos, pues los desequilibrios que pueden generar, como la pérdida del valor de los ahorros de los ciudadanos y la pérdida del poder adquisitivo, puede tener graves consecuencias.
