Repasamos el gasto social y como gestionarlo de una manera más eficaz.
Existe una posición ideológica diferente entre la izquierda y la derecha sobre si el gasto público en forma de pensiones, subsidio de desempleo, gasto sanitario y otras ayudas, desincentiva el trabajo o si por el contrario es una forma de acercarse a la igualdad y la justica social.
Como es evidente las pensiones en su mayoría no desincentivan el trabajo. Los que la cobran no están en edad de trabajar y, aunque no la cobrasen, no trabajarían.
Otra cuestión son las prejubilaciones, donde el trabajador aún está en edad de trabajar y, sin embargo, recibe una pensión por no hacerlo. Esta pensión es, en cualquier caso, menor de lo que ganaría por trabajar, por lo que las prejubilaciones no son siempre de interés.
El gasto sanitario no desincentiva el trabajo. Nadie enferma voluntariamente para recibir un tratamiento médico de manera gratuita. Aunque desde un punto de vista global, el que no se tuviera cobertura sanitaria, incentivaría a la gente a trabajar para poder costeárselo.
El subsidio de desempleo podría desincentivar el trabajo, puesto que se recibe una remuneración sin tener que trabajar a cambio. Sin embargo, esta remuneración es menor de lo que se gana trabajando y tiene su duración acotada, por lo que existe el riesgo para el trabajador de no encontrar trabajo una vez que se acabe la prestación.
En general se puede afirmar que el gasto social probablemente en unos casos desincentiva el trabajo y en otros no. Por tanto, no es cuestión de más o menos gasto social sino de un gasto social más “inteligente”
Según el informe del FMI: “Efectividad y equidad en el gasto social – el caso de España” del 30 de Enero de 2020, cuya autora es Svetlana Vtyurina, existe margen en este campo para ser mejorado y reordenado.
Según dicho informe, se ayuda poco a las rentas bajas y a los jóvenes, favoreciéndose a los pensionistas y a las clases medias. Las pensiones son “bastante generosas”, siendo más altas que la media de la Unión Europea, si se mira cuál es la prestación sobre el salario medio. Las prestaciones contributivas por desempleo son “adecuadas”, y su gasto es elevado debido al altísimo paro.
Sin embargo, se gasta poco en políticas sociales dirigidas a los que están en riesgo de pobreza. No se pondera bien factores como si el hogar es monoparental, el número de hijos, las discapacidades o la necesidad de vivienda. Sus reglas de elegibilidad son complejas y se enfrenta a dificultades para determinar los verdaderos ingresos. España tiene una ratio elevada de niños en riesgo de pobreza.
Además, señala que el sistema descentralizado de protección social, hace que las normas sean complejas y que exista un nivel de cobertura diferente según la comunidad.
En general el gasto social no ayuda a corregir la desigualdad. Por ejemplo, las prestaciones de paro abonan más cuanto más se haya trabajado y ganado. Además, el 40% más pobre recibe un 30% de los beneficios a las familias.
Por tanto, se puede afirmar que no es cuestión de más o menos gasto social, sino que se debe hacer éste gasto de una manera más inteligente, favoreciendo a aquellos que realmente más lo necesitan, y procurando, que esto no desincentive el trabajo.
