La desigualdad económica existe desde el principio de la historia. Las antiguas civilizaciones de medio oriente, debido a la necesaria gestión de los excedentes agrícolas que les proporcionaba la agricultura, tuvieron que especializarse. En ese momento la posición social de unos y otros varió y por tanto su bienestar económico, creándose la desigualdad.
La cuestión, por tanto, parecería ser no si hay desigualdad o no, sino cuánta desigualdad debe haber. Para medir eso, por ejemplo, se utiliza ampliamente el índice Gini.
Como en otros campos de la economía, se podría adoptar la resolución de que fuera el mercado el que decidiera cuánta desigualdad hay y que el estado corrigiese los que se considerasen como defectos del mercado.
Según Piketty, en su libro El Capital del siglo XXI, hay dos tipos de desigualdad, la desigualdad de riqueza y la de ingresos. En cuanto a la riqueza, grosso modo, en el primer mundo, 10% de la población posee el 50% de la riqueza, el 40% de la población posee el 40% de la riqueza y el 50% de la población restante posee el 10% de la riqueza.
De estas cifras la clave está en que la clase media (40% de la población) tiene el 40% de la riqueza en forma, principalmente, de posesión de su vivienda. Para conseguir una menor desigualdad de riqueza, haría falta, pues, que más gente pudiera comprarse su vivienda.
La compra de la vivienda tiene una característica principal: suele ser a crédito, porque el comprador no suele tener el suficiente dinero para comprarla de golpe. Se da por tanto la paradoja, de que, probablemente las instituciones que más han hecho por luchar contra la desigualdad hayan sido los bancos comerciales al facilitar los préstamos hipotecarios.
El ahorro a través de la compra de la vivienda es bastante eficaz porque sustituye a un gasto que el comprador tendría de asumir, el alquiler de una casa.
Por tanto, se podría decir que la mayoría de la gente estaría interesada en comprarse una casa y si no lo hacen, no es tanto por el precio de la misma, si no por no tener acceso al crédito necesario para comprarla.
Según la última ley hipotecaria, los bancos no deben conceder una hipoteca si no se adelanta un 20% del precio de compra o de la tasación, el menor de los dos. Por tanto, si quisiéramos luchar contra la desigualdad de una manera eficiente, el estado, corrigiendo los defectos del mercado, debería ayudar a los ciudadanos en peor situación económica a poder tener ese acceso al crédito hipotecario. Esto podría llegar en forma de avales.
Esta política ya existe y diversos gobiernos regionales y nacionales han ofrecido hipotecas con condiciones subvencionadas para saltar esa barrera del pago del 20%. Simplemente habría que incidir en esta política.
Esta forma de luchar contra la desigualdad generaría riesgos para el estado, pues podría llegar a asumir impagos producidos por los ciudadanos a los que concedió un aval. Sin embargo, tiene la gran ventaja de tener una garantía hipotecaria y además el interesado estaría más comprometido en seguir pagando su deuda, pues estaría en juego su propia casa.
Por supuesto habría muchas otras maneras en las que el estado podría corregir esas disfunciones del mercado para luchar contra la desigualdad, sobre todo en lo referido a los ingresos. La principal manera es con un incremento en los salarios, pues la clase más pobre suele ser asalariada. Y esto se consigue, en principio, con un incremento de la riqueza global, ya que el objetivo principal debe ser que haya riqueza y, además, que esté bien distribuida.
